Change.org: así funciona el gran negocio del activismo 'online'

Change nació en 2007 como una “red social sin ánimo de lucro” centrada en el activismo. Hoy es una empresa con más de 200 millones de usuarios (14 de ellos en España), oficinas en 18 países y más de 150 empleados, según datos extraídos de su web. Por el camino ha recibido críticas por su modelo de negocio y su manera de gestionar la participación ciudadana. La investigadora de la Universidad de Valladolid Dafne Calvo es una de las pocas en España que ha estudiado el funcionamiento de la empresa desde un punto de vista académico. Hasta 2016, “Change se financiaba mediante el coste por adquisición”, explica a Xataka por teléfono. Esto quiere decir que ONG como Aministía Internacional pagaban un porcentaje a la plataforma por cada suscriptor que obtenían a través de las campañas patrocinadas. En un artículo publicado en Voz Populi en 2015, se desvelaba más sobre cómo Change hacía caja con los datos de sus usuarios. "Cobran [a las ONG] por cada correo electrónico y teléfono [compartido]", aseguraba el texto. En el mismo, un portavoz de la compañía decía que los ingresos eran de "decenas de millones de dólares", aunque la plataforma aseguraba que todos se reinvertían en su "misión". La forma de participación que propone Change es “de muy bajo nivel”, pues busca “una viralización de sus peticiones” Este sistema cambió en 2016. "Hasta ahora, cuando firmabas una petición podías ver un anuncio de alguna ONG. [...] A partir de ahora ya no verás este tipo de anuncios. Lo que verás son tres opciones para poder elegir cómo ayudar a que las peticiones lleguen más lejos y puedan conseguir victorias", explicaba la compañía en su blog. Desde entonces, los usuarios pueden unirse a un programa de socios mediante el pago de entre 5 y 20 euros al mes. Se convierten así en changers con "acceso a ventajas exclusivas". La plataforma advierte que, al no ser una ONG, la cuota no es fiscalmente deducible. La segunda vía de ingresos consiste en peticiones patrocinadas por los propios usuarios. Tras firmar una campaña es posible aportar dos o más euros para contribuir a su difusión y que más gente la apoye. A Calvo le preocupa "el poder que adquieren quienes más pagan por ello", al dejar a los internautas con menos recursos "en desventaja", algo "cuestionable cuando hablamos de participación política". El director de Change en España, José Antonio Ritoré, discrepa con Calvo. "El nivel socioeconómico es irrelevante, lo que importa es la historia que hay detrás y el cambio que quiere conseguir", explica por mail. Cuando esto se cumple, llega "el apoyo masivo y la repercusión en los medios". La última opción, todavía no disponible en nuestro país, es el crowdfunding con fines sociales. En España ya existen ejemplos como Goteo. Ritoré lo considera una herramienta "muy útil", que ayudaría a sostener los costes asociados a la tecnología y la plataforma con "un 5% de lo recaudado". Captura De Pantalla 2018 06 06 16 36 37 Participación "de muy bajo nivel" En España existen dos formas de participación: el derecho de petición y la iniciativa legislativa popular (ILP). Es este último sistema el más “efectivo” según Calvo, ya que exige que la firma esté acreditada —mediante DNIe, por ejemplo— y puede llegar a debatirse en el Congreso si alcanza las 500.000 firmas, como sucedió en 2013 con la dación en pago de las hipotecas, que recogió casi 1,5 millones de firmas. Ritoré considera que Change es "el origen del movimiento" para casos como el de Mou Calvo considera que el impacto de las campañas de Change es muy limitado. “No se intenta canalizar por ninguna [de las dos formas de participación]”, comenta. "No es posible" que una de sus peticiones llegue por sí misma al Congreso, aunque en su condición de “termómetro social” de lo que piensa la ciudadanía pueda llegar a ser mencionada.